La negociación entre PSOE y Unidas Podemos para prohibir que se corten los suministros básicos (luz, agua y gas) a las familias vulnerables sigue estancada. El Ministerio de Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera, se niega a aprobar una prohibición total como ya se hizo en el primer estado de alarma, y se limita a plantear que el bono social eléctrico se amplíe a los suministros de agua y gas. Y por ahora tampoco ha cuajado la última propuesta de Unidas Podemos: que sean los servicios sociales municipales los que determinen cuándo una familia es vulnerable y no se le puede dejar sin estos suministros.

Fuentes moradas explican que la propuesta es sencilla: obligar a las empresas suministradoras de electricidad, gas y agua a que soliciten a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte de suministros a las familias que impaguen. Si estos servicios sociales consideran que la familia se encuentra "en situación de vulnerabilidad", la empresa no podría dejarla sin luz, agua o gas. Esto permitiría mucha mayor flexibilidad, ya que no se establecerían criterios en el decreto y se dejaría la decisión en manos de personal especializado en pobreza.

La propuesta de Unidas Podemos, básicamente, trata de replicar el modelo que el PSOE sí ha aceptado en el decreto de prohibición de los desahucios, que sin embargo sigue encallado por las diferencias entre ambos partidos en si debe o no compensarse económicamente a los grandes propietarios que no puedan desalojar a inquilinos que no puedan pagar el alquiler. En lugar de establecerse una lista de criterios, en ese decreto se establecerá que sean los servicios sociales los que determinen si una familia está en situación vulnerable o no y, por tanto, si puede ser desahuciada.

El decreto antidesahucios y el relativo a la prohibición del corte de los suministros básicos se han convertido en dos nuevos frentes abiertos en la coalición de Gobierno. La prioridad es aprobar lo antes posible el decreto para paralizar los desalojos, ya que ya se ha incumplido el plazo de 15 días inicialmente establecido por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Pero Unidas Podemos considera ineludible que esa medida vaya unida a la prohibición del corte de luz, agua y gas, como ya se hizo en el primer estado de alarma.

Este lunes, la portavoz orgánica de Unidas Podemos, Isa Serra, afirmó que "no podemos pedir a la gente que se quede en casa y desahuciarla, y no podemos pedirle que se laven las manos y la vez cortarle los suministros". Y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, que está negociando el decreto, aseguró que "en pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar".