El expresidente egipcio Hosni Mubarak volverá a ser juzgado en el único caso de corrupción por el que está detenido en un hospital, después de que el Tribunal de Casación anulara este martes una condena a tres años de cárcel.

Mubarak fue encarcelado en abril de 2011, después de que en febrero de ese año una revolución popular le obligara a dimitir. Llevaba 30 años en el poder.

En noviembre, un tribunal ya había abandonado los cargos contra él por la muerte de manifestantes durante la revuelta de 2011, que le había valido una cadena perpetua en primera instancia. Pero seguía detenido en el hospital militar de El Cairo por un caso de corrupción.

Este martes, el Tribunal de Casación ordenó la anulación de su condena de mayo de 2014 a tres años de cárcel por malversación de fondos públicos por valor de más de diez millones de euros para la renovación de sus palacios presidenciales y ordenó un nuevo juicio.

Mubarak, de 86 años, no ha sido puesto en libertad "porque el dictamen del tribunal de Casación no lo ha ordenado", afirmaron la televisión y la agencia de prensa estatal, que citan a un responsable del ministerio del Interior. "La decisión queda en manos de la fiscalía general o del nuevo tribunal que lo volverá a juzgar", según la agencia Mena.

Su abogado, Farid Al Deeb, aseguró sin embargo a la AFP que Mubarak es libre debido a que, según él, ya "purgó la pena". "Se quedará sin embargo en este hospital militar porque está enfermo", añadió.

"Más allá de mi opinión sobre Mubarak, legalmente debe ser puesto en libertad porque purgó su pena o se acerca al final y, si sigue detenido, sólo es como consecuencia de presiones políticas", declaró a la AFP el abogado Gamal Eid, que dirige la ONG egipcia Arabic Network for Human Rights Information.

La principal jurisdicción egipcia también anuló la condena a cuatro años de prisión contra sus dos hijos, Alaa y Gamal Mubarak, en el mismo caso de malversación.

- Indiferencia de la opinión pública -

El 30 de noviembre, Egipto recibió con indiferencia el abandono de las acusaciones contra Mubarak por la muerte de 846 manifestantes durante la revuelta que estalló en la estela de las 'Primaveras árabes' en enero y febrero de 2011. Una medida motivada por "vicios de procedimiento".

El fiscal general recurrió el fallo ante el Tribunal de Casación, que deberá decidir si ordena un nuevo juicio o confirma el abandono de los cargos.

Egipto está dirigido por el exjefe de las fuerzas armadas Abdel Fatah Al Sisi, elegido presidente después de haber derrocado al islamista Mohamed Mursi en julio de 2013 y quien ha reprimido duramente a sus partidarios.

La población, partidaria en su gran mayoría de Sisi y harta del caos político y económico, casi no ha reaccionado. Y Washington tardó varios días en hacerlo. "Veremos cómo transcurre el juicio en apelación", comentó entonces el departamento de Estado.

Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos acusan con frecuencia al nuevo gobierno de Sisi de ser más autoritario y represivo que el de Mubarak, desde que derrocó y encarceló a Mursi, el primer presidente elegido democráticamente.

Desde su derrocamiento, el 3 de julio de 2013, más de 1.400 manifestantes pro Mursi han muerto a manos de la policía o del ejército y más de 15.000 personas, esencialmente miembros de la cofradía de los Hermanos Musulmanes, han sido encarceladas. Cientos de ellas fueron condenadas a muerte.

Sisi también arremetió contra la oposición laica y de izquierda, encarcelando a decenas de activistas de la revuelta de 2011.