Cinco de los diez detenidos por presunta implicación en una trama de malversación de fondos públicos destinados al trazado de la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona declaraban este miércoles ante un juez, informó una portavoz judicial.

Los cinco sospechosos pasaron a disposición de un juzgado de Barcelona y por la tarde comenzaron a declarar ante la magistrada encargada del caso, quien debía decidir si los liberaba o enviaba a prisión provisional, precisó la fuente.

El resto de los presuntos implicados "fueron puestos directamente en libertad tras ser interrogados", había señalado el martes la policía.

La operación fue llevada a cabo el lunes, cuando agentes de la guardia civil detuvieron a nueve personas y registraron los domicilios de los principales implicados y las sedes de las empresas involucradas en la obras, entre ellas Adif, la compañía pública que gestiona la red ferroviaria española.

El martes se detuvo al décimo implicado en el aeropuerto de Barcelona cuando llegaba en un vuelo procedente de Arabia Saudí.

La presunta trama, integrada supuestamente por funcionarios de Adif y trabajadores de la empresa contratista Corsán, al parecer incrementó las facturas del trazado de un tramo en Barcelona de la línea de alta velocidad que une Madrid con la ciudad catalana y con Francia.

Mediante este sistema, los implicados presuntamente generaron "un ilícito sobreprecio" de seis millones de euros para la constructora española Corsán quien, según el texto de la fiscalía anticorrupción, pagó "contraprestaciones económicas" a los trabajadores de Adif.

Tanto la empresa pública como el Ministerio de Fomento emprendieron auditorías para revisar los costes de este tramo de la obras, adjudicados en febrero de 2008 a Corsán y finalizados en 2011.

Paralelamente a este escándalo, el Tribunal de Cuentas emitió este miércoles un informe señalando que algunas de las obras realizadas durante la construcción de dicha línea tuvieron un sobrecoste del 230% respecto a lo acordado en el momento de la adjudicación.

Este caso amenaza con poner en entredicho la fuerte apuesta de España de exportar a otros países sus infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. Con 3.100 kilómetros en servicio y una inversión de 45.120 millones de euros desde 1992, España es el segundo país del mundo con la mayor red de alta velocidad, sólo por detrás de China.