Ecuador está en crisis. Un terremoto de 7.8 grados sacudió nuestro país y produjo 41 víctimas mortales. El epicentro se localizó en la costa ecuatoriana, entre Pedernales, Santo Domingo y Esmeraldas. Lo informó la cuenta de twitter del Instituto Geofísico.

Gabriel Alcívar, alcalde de Pedernales, un pequeño cantón de la provincia de Manabí habitado por 55 mil personas, aseguró que la tragedia produjo decenas de víctimas mortales, saqueos y edificaciones derruidas. Lo dijo por vía telefónica a 4 horas del siniestro en un noticiero nacional.

Esta lamentable circunstancia puso a prueba a los sistemas de comunicación del gobierno que durante estos nueve años se han alimentado de una política de centralización de la información. La legislación vigente en materia de comunicación y las recientes reformas constitucionales atribuyen al gobierno el dominio de la información. En circunstancias de emergencia y estado de sitio el estado es el único proveedor noticias porque el derecho de la comunicación fue convertido en un servicio estatal. Lo que antes era un derecho de las personas para buscar y recibir información ahora es un bien de propiedad del estado.

La trampa consiste en convertir un derecho que se garantizaba en la constitución política como una prerrogativa fundamental de los individuos, en un servicio que puede ser regulado por la vía del reglamento administrativo y que por tanto puede ser modificado según la conveniencia del gobernante de turno.

Si el gobierno se apropió de la producción de la información y convirtió un derecho en un servicio estatal, en éstos casos, en situaciones de tragedia, al menos debe a los ciudadanos una actuación inmediata y seria. La gente necesita saber qué es lo que sucede de fuente oficial, qué es lo que puede hacer para proteger su vida y qué sucede en otras partes del país.  

El gobierno no pudo cumplir con su rol de propietario de la información

El gobierno no pudo cumplir con su rol de propietario de la información. Las cadenas privadas de televisión y radio fueron las únicas que intentaron difundir el estado de la situación aun a costa de recibir las sanciones previstas para los casos de situación de decreto de un estado de sitio. Pero aun así la información fue insuficiente.

La televisión privada informó sobre la tragedia utilizando como fuentes a las redes sociales que fueron las más agiles al momento de llevar la información a sus usuarios. Los portadores de servicios de internet y datos de telefónicas móviles y los propietarios de teléfonos inteligentes fueron los primeros y últimos en enterarse de la situación con todas las deficiencias de este tipo de comunicación. El segmento de la población sin acceso a este tipo de bienes fue nuevamente marginado en el acceso a esta información decisiva en caso de nuevas emergencias y crisis. Llevar un mensaje de forma correcta a los ciudadanos en estas circunstancias pude salvar vidas.

Al gobierno le quedó grande el papel de único poseedor de la información. Quedó demostrada su ineficiencia al convertir un derecho humano en un servicio estatal. Por una situación como esta de crisis real el gobierno debe restituir inmediatamente a los ciudadanos el derecho a informarse libremente.

Las cadenas de noticias, privadas, públicas y comunitarias, en circunstancias como éstas están obligadas a cumplir con la deontología del periodismo y de los periodistas, y desobedecer ordenes ridículas de los detentadores temporales del poder.

Los medios de comunicación deben llamar a la unidad y solidaridad nacional ejerciendo libremente su rol de comunicadores con autonomía de quienes se creen dueños de la información.

Las cadenas de noticias están obligadas a cumplir con la deontología del periodismo y de los periodistas

Es el momento de la información, no de la propaganda. Pero no faltará quienes se confundan.