Un juez español decretó el miércoles prisión incondicional para cinco detenidos investigados por corrupción en una empresa pública de aguas e impuso a otros ocho fianzas de 12.000 a 50.000 euros para evitar su encarcelamiento.

El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, les imputa supuestos delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación.

Entre los cinco enviados a prisión incondicional están los dos principales acusados, el director general de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Acadio Mateo, y su directora de ingeniería y construcción, María Gabriela Mañueco, según el auto judicial hecho público este miércoles.

Acuamed, participada al 100% por el ministerio de Agricultura español, se dedica a la construcción y explotación de obras hídricas principalmente en el este español, donde se encuentran las regiones más secas.

El juez considera que Mateo, en connivencia con los otros implicados, urdió "un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, conscientes y queridas para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos" en la contratación de obras.

Supuestamente, los detenidos habrían amañado contratos aumentando las cantidades a pagar a las empresas adjudicatarias, entre las que se encuentran grandes constructoras, que daban compensaciones y "regalos en especie" como "implantes de pelo o viajes a Turquía", según el auto.

El juez destaca como algunos funcionarios que intentaron dar cuenta de las irregularidades fueron despedidos o apartados por Mateo, que fue colocando en sus puestos a personas de su confianza.

La investigación, que arrancó en septiembre de 2014, se centra en seis proyectos en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia.

"Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses", había informado el martes en un comunicado la guardia civil.