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Gabriel Hidalgo AndradeMiembro desde: 27/08/09

Gabriel Hidalgo Andrade

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Es muy ingenuo, como limitado, creer que la anunciada evaluación a la Corte Nacional de Justicia responda solamente a parámetros de transparencia. Se cumpla o no con la evaluación, todo responderá a cálculos políticos

Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, acompañada de los presidentes de las Cortes provinciales, demandó respetar la independencia judicial en el proceso de evaluación a la institución de justicia anunciado por el Consejo de la Judicatura transitorio. ¿El anuncio es una maniobra del poder para la sustitución de cargos estratégicos?

Los jueces nunca estuvieron libres de la política. En especial aquellos que se desempeñan en las altas cortes, tienen un vínculo innegable con las mayorías legislativas y con acuerdos de poder, al menos según como se registra en la Historia.

Tras la consolidación del retorno democrático, el Ecuador tuvo un sistema de reparto de las judicaturas a través de los acuerdos legislativos de poder. Entonces, todo dependía de las mayorías en el Congreso.

Durante el gobierno de Roldós y Hurtado, entre 1979 y 1984, los magistrados fueron mayoritariamente conservadores y minoritariamente socialcristianos, liberales o socialistas, además de otro.

Después, durante los siguientes 12 años y los tres periodos de gobierno consecutivos funcionaron cortes supremas dominadas alternativa y mayoritariamente por la Izquierda Democrática, por el Partido Social Cristiano, por la Democracia Popular y minoritariamente por el Partido Roldosista Ecuatoriano o por el Frente Amplio de Izquierda, además de otros. Esto ocurrió durante los sucesivos gobiernos de León Febres Cordero, de Rodrigo Borja Cevallos y de Sixto Durán Ballén. Aquí termina el periodo de estabilidad política y empieza un tiempo de crisis institucional que deriva en continuos golpes de Estado.

Durante el breve gobierno de Abdalá Bucaram entre 1996 y 1997, así como durante el gobierno interino de Fabián Alarcón entre 1997 y 1998 entraron en vigencia las reformas constitucionales que prolongaron primero a 6 años en 1996 y que en 1997 convirtieron en vitalicios el ejercicio de los cargos en las judicaturas supremas. Entonces los magistrados en funciones se quedaron en sus puestos.

En 2017, con el ascenso de Lenín Moreno al poder, se impuso un nuevo acuerdo político que desde entonces impulsa un conjunto de nuevas condiciones para la administración del poder

Pero el encargo vitalicio duró hasta 2004 cuando el presidente Lucio Gutiérrez dio un golpe de Estado y destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Apoyado por una mayoría compuesta por el oficialista Partido Sociedad Patriótica, el PRE, el PRIAN y el CFP, descabezó a la más alta corte de casación y llenó las vacantes con jueces de los mismos partidos. Esto duró menos de un año y tras la destitución presidencial de 2005, los nuevos magistrados fueron por única primera y única vez mayoritariamente jueces independientes, a más de algunos afines al PSC, a la ID, al Partido Socialista o a Pachacutik.

Pero poco después, la reforma constitucional de Montecristi cambió el periodo de ejercicio de funciones y desde 2012 perdió su independencia y pasó a componerse íntegramente por jueces afines a Alianza País, el partido que gobernó entre 2007 y 2017.

En 2017, con el ascenso de Lenín Moreno al poder, se impuso un nuevo acuerdo político que desde entonces impulsa un conjunto de nuevas condiciones para la administración del poder y cuyas finalidades alcanzan también a la justicia. Esta recomposición institucional nació de una nueva institucionalidad participativa legitimada en la Consulta Popular de febrero de 2018, alcanzó a las autoridades de control y continúa hacia las autoridades judiciales. ¿Acaso puede negarse esta trayectoria con sustento en los hechos políticos y en la Historia?

Es muy ingenuo, como limitado, creer que la anunciada evaluación a la Corte Nacional de Justicia responda solamente a parámetros de transparencia. Se cumpla o no con la evaluación, todo responderá a cálculos políticos. Esto es así porque la administración de justicia siempre estuvo atravesada por las coyunturales mayorías partidistas que son las que condicionan los pactos temporales de poder. ¿Cuáles son esos intereses corporativos y a que finalidades responden? ¿Cuáles serán los jueces destituidos tras la evaluación y quiénes ocuparan esos cargos vacantes? En un sistema democrático sólido estas preguntas se responden a viva voz.

Después de todo, lo que realmente importa no son los inconstantes equilibrios de poder, la redistribución de los cargos de influencia o la coyuntura representativa. Lo que realmente importa es abrir los ojos a esta realidad compleja y exigir un debate plural sobre los puntos de acuerdo mínimos para una administración de justicia cabal.

Se debe respetar la independencia de los magistrados, su trayectoria y estabilidad profesional, así como asegurar su probidad personal, sin distingo del órgano nominativo o de sus preferencias ideológicas. Más importante que tener jueces de tal o cual origen es importante que los procedimientos de selección aseguren el ascenso de los mejores, transparenten las normas de designación y dejen a los jueces hacer su trabajo en paz.

Después de todo, lo que realmente importa no son los inconstantes equilibrios de poder, la redistribución de los cargos de influencia o la coyuntura representativa

@ghidalgoandrade  

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