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08/05/2020

La CNMC articulaba una serie de opiniones-elucubraciones con las que situaba a Renfe en una clara desventaja respecto al resto de posibles competidores en el transporte de viajeros

De vez en cuando, los dos partidos políticos que han gobernado este país durante los últimos tiempos, se ponen de acuerdo. Por lo general, para tomar acuerdos en contra del interés general y de lo público.

 La aprobación de la Ley de Sector Ferroviario representó una auténtica espada de Damocles que la inmensa mayoría de los actores sociales miraron de reojo, pero por intereses diversos, terminaron aplaudiendo. A esta ley se le han ido sumando otras leyes y Directrices europeas que fueron vendidas como algo positivo para el conjunto de la ciudadanía, adornándolas con toda una retahíla de bienaventuranzas que consiguieron tapar la cruda realidad contra la que desde CGT siempre hemos luchado: la venta del esfuerzo colectivo en la construcción de lo público para beneficio del sector privado.

 Y para ello, se ha tejido una tela de araña que se ha hecho fuerte hasta el punto de permitir que se rían en nuestra cara con infinidad de noticias, comentarios e informes como el penúltimo que emitió la CNMC, que articulaba una serie de opiniones-elucubraciones con las que situaba a Renfe en una clara desventaja respecto al resto de posibles competidores en el transporte de viajeros.

Las privatizaciones conducen al empobrecimiento de las mayorías

 Tras el escándalo mayúsculo que representaba la carencia de argumentación sólida por parte de la CNMC y que desequilibraba la balanza de manera grosera a favor de los “competidores” extranjeros, Adif y Renfe emitieron un informe complementario que finalmente ha conseguido salvar momentáneamente los muebles al despropósito que representaba la Resolución de este organismo público, que dice tener como principio, la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Un principio eufemístico apenas sostenible para una sociedad que ha sido testigo y sufridora del resultado de las privatizaciones de varios sectores esenciales en la economía de un país. Que ha visto el enriquecimiento ilícito de los allegados al poder y sufrido sus consecuencias, sobre todo, el aumento de la precariedad laboral, el trasvase de dinero público al sector privado, el encarecimiento de los bienes y servicios, y el aumento de la dificultad para acceder a ellos.

 A estas alturas, con cierta honestidad y una capacidad intelectual media, nadie puede pensar que la llegada de la competencia va a suponer una mejora del ferrocarril por encima del proceso de evolución natural y lógica que estamos viviendo; que la seguridad y la fiabilidad estarán por encima del beneficio económico; que todos saldremos ganando; que la responsabilidad del sostenimiento medioambiental estará por encima de las cuentas de resultados de las empresas y que el precio de los billetes para viajar en tren van a mantener una reducción más allá de la consolidación del nuevo escenario del transporte ferroviario.

 Algunos actores de reparto piensan, o así lo intentan trasladar a sus seguidores, que poseen la suficiente fuerza para parar este proceso neoliberal (bautizado como liberación) y conservar las condiciones actuales dentro del sector ferroviario. Un gran error que los ferroviarios y ferroviarias vamos a pagar caro. Porque cuando el malo de la película es el primer actor y además escribe el guión, solo la unión de todos los actores de reparto podrán conseguir que la presencia del sector público en el transporte ferroviario siga siendo potente y clave, que nuestras condiciones laborales se mantengan dentro de unos parámetros dignos y que el acceso al derecho de movilidad siga siendo casi universal.

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