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El oficialismo lo tuvo claro, y en la Constitución de Montecristi se cura en sano, y evita un eventual brote de protestas creando una institucionalidad que encarne estos procesos
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Los procesos de derrocamiento presidencial de Bucaram en 1997, de Mahuad en 2000 y de Gutiérrez en 2005 abren espacios de participación impensados en décadas pasadas, además de nuevas lecturas de los escenarios de protesta como formas litúrgicas de sustitución de la democracia.
En el pensamiento popular se generalizó en estos tres procesos la noción de la delegación del ‘ pueblo por el pueblo’ en asambleas, sin intermediarios, y por encima de la concepción liberal de la democracia representativa. [De la Torre, 2006] Sin embargo la institucionalización de la participación todavía no tomaba forma sino hasta después de la convocatoria a la última Constituyente.
Nótese que el movimiento indígena -particularmente la CONAIE- protagonizó las protestas de 1997 y 2000, no así en 2005 cuyas jornadas de protesta fueron lideradas por la clase media y media alta de Quito. Entonces, como se podrá observar, la participación -en ambos casos espontanea de los movimientos sociales- se articula alrededor de distintas agendas de presión al poder político; pero en ambos casos sobre la toma de espacios públicos como formas simbólicas de recuperación del poder.
Los tres procesos girarían entorno al escenario de una marcada debilidad institucional; es por esto que las protestas se condujeron en dirección a recuperar el control desicional político y por lo que las masas comulgaron en la estrategia de toma de espacios.
Los movimientos sociales tendrían la sensación de ser tomados en cuenta en el llamado Consejo de Participación, mientras el Gobierno coopta esos espacios
El oficialismo lo tuvo claro, y en la Constitución de Montecristi se cura en sano, y evita un eventual brote de protestas y crea una institucionalidad que encarne estos procesos en el Poder del Control Social para desactivar los dispositivos de protesta. Los movimientos sociales tendrían la sensación de ser tomados en cuenta en el llamado Consejo de Participación, mientras el Gobierno coopta esos espacios que antes eran públicos y de rechazo; y que hoy son gubernamentales y de obediencia.
Ocupar las vacantes del Consejo fue pensado para crear las condiciones de dominación de las principales instituciones antes secuestradas por el Congreso Nacional, ahora en manos de uno sólo: el presidente de la República. Por eso es importante que esos cargos estén ocupados por gente descalificada y sumisa.
Gahidalgo@flacso.org.ec
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