La movilización, que comenzó pacíficamente con una concentración en un parque del norte de la capital, llegó hasta las puertas de la sede del Gobierno, en el centro histórico, donde, tras los intentos violentos de algunos estudiantes por entrar al Palacio, la Policía terminó por disolver a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Los medios locales subrayaron que el final violento de la movilización fue provocado por algunos líderes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (Feue) que exigían ser recibidos por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, o por el vicepresidente, Lenin Moreno.

Antes de los disturbios, en los que, según informó la Presidencia, los estudiantes lanzaron botellas y palos, rectores, estudiantes y catedráticos provenientes de diferentes regiones del país recorrieron pacíficamente las calles de Quito con pitos, tambores, banderas y cacerolas.

También se manifestaron integrantes del personal administrativo de las facultades y, de acuerdo con algunos medios locales, políticos opositores al Gobierno y representantes del sector empresarial.

A la manifestación de Quito se unió otra en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, donde los universitarios marcharon por calles céntricas hasta la sede de la Gobernación provincial, donde fueron recibidos por el gobernador de Guayas, Roberto Cuero, a quien le entregaron una lista de peticiones.

La movilización, que comenzó pacíficamente con una concentración en un parque del norte de la capital,

En algunas zonas de la ciudad portuaria, los estudiantes provocaron esporádicos incidentes con algún corte de vías y quema de palos.

La movilización universitaria responde a la elaboración de un proyecto "autoritario" del Gobierno sobre una ley orgánica de Educación Superior que "menoscaba, agrede y ocupa la autonomía universitaria y del sistema", según Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup).

Por eso, los manifestantes piden que se revisen los puntos del proyecto oficialista referentes a la autonomía universitaria, las rentas y autonomía financiera y los planes de jubilación de los profesores, así como 25 artículos que contienen "inconstitucionalidades".

Otro de los motivos de las protestas es que, según el sector universitario, el proyecto de ley se ha elaborado sin la participación de todos los actores implicados.

Por su parte, el Gobierno defiende que es necesaria una "revolución universitaria" y que el Estado recupere el rol "de generación de política pública y de regulación del campo de la educación superior".

Además, apunta a que las protestas se producen porque hay sectores tradicionales que, con la nueva ley, van a perder "sus privilegios".