La guerra jurídica asimétrica es la nueva moda esnobista de los revolucionarios bolivarianos. Como es una expresión larga en inglés utilizan el anglicismo “lawfare”. Utilizando una expresión compuesta, extraída del lenguaje del imperio, como si en el castellano no pudiera expresarse lo mismo, intentan convencer de que hay en marcha una gran conspiración de la derecha internacional para tomarse la justicia y neutralizar el glorioso avance de las fuerzas progresistas. En otros términos, lawfare, la guerra asimétrica, es judicializar la política en contra de la izquierda. Hay casos en todas partes.

En Brasil se descubrió una enorme red de corrupción denominada como Lava Jato que involucra a varios políticos brasileños, entre esos a los ex presidentes y militantes del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva,  Dilma Rousseff; a Aécio Neves aspirante a la presidencia por el Partido de la Social Democracia, y el actual Presidente de la República,  Michel Temer del centrista Partido del Movimiento Democrático. Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, y socio ideológico de los socialistas del siglo XXI, quiere volver a ser presidente. Como hay una acusación judicial por recibir sobornos de la empresa Odebrecht, ratificada en segunda instancia judicial, Lula da Silva y la prensa populista de la región denuncian un supuesto “lawfare” en su contra. 

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015, fue acusada por la justicia de su país por encubrir, a través del gobierno argentino, a los responsables del atentado terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, en la que fallecieron 53 personas y 300 resultaron heridas. En 2003, las investigaciones confirmaron que el gobierno de Irán planificó el atentado ejecutado por Hezbolá, la organización paramilitar del Estado Islámico. En 2015, el fiscal Alberto Nisman formalizó la acusación en contra de la entonces presidenta Fernández de Kirchner, todavía en funciones, por “fabricar la inocencia de Irán” y coludir con Mahmud Ahmadineyad, presidente de Irán entre 2005 y 2013, y socio político de los gobiernos populistas de la región. Nisman, quien más tarde acusó al entonces Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el actual presidente Mauricio Macri, apareció muerto en su domicilio por un disparo de proyectil de arma de fuego impactado en su cabeza. Nisman estaba a horas de revelar los detalles de su acusación a la presidenta Fernández ante la Cámara de Diputados. El fiscal Gerardo Pollicita retomó la investigación de Nisman y acusó a la ex presidenta peronista y socia bolivariana. Fernández de Kirchner, también fue investigada por la validez de su título universitario. La prensa populista de la región y el kirchnerismo denuncian un supuesto “lawfare” en su contra. 

En Uruguay, Raúl Sendic, vicepresidente entre 2015 y 2017, afiliado y militante del izquierdista Frente Amplio, durante el gobierno de Mujica se convirtió en gerente de la empresa de combustibles del país oriental, el ANCAP, y desde allí desplegó su carrera hacia la presidencia de la República oriental. En el 2014 alcanzó tal nivel de notoriedad que fue impuesto como binomio a Tabaré Vázquez, actual presidente. Vázquez no tuvo más remedio que aceptar. Ganaron el 2014 y asumieron el 2015. Al concluir, Sendic sería el sucesor de Vázquez y el próximo en competir hacia la presidencia por el Frente Amplio. Pero fue acusado por la oposición y por su propio partido por “un proceder inaceptable en el manejo de fondos públicos” y obligado a renunciar a su cargo. Luego se comprobó que quebró el ANCAP. También fue acusado por uso falso de un título académico. El ex mandatario aseguraba ostentar un título de licenciatura inexistente de la Universidad de la Habana. La prensa populista de la región denuncia un supuesto “lawfare” en su contra. 

El patrón es el mismo: corrupción, falsificación y victimización, y a eso le llaman “lawfare”

En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glas, en esa función entre 2013 y 2018, fue acusado y después sentenciado a un encierro de 6 años de prisión por su relación con la red de corrupción que favoreció la contratación de la empresa brasileña Odebrecht. La fiscalía, la procuraduría y un acusador particular expusieron la autoría de Glas en el delito de asociación ilícita a través de audios judicializados, testimonios y documentos que descubrieron la colusión liderada por el ex mandatario y otros funcionarios, algunos de ellos prófugos como el ex contralor Carlos Pólit. Jorge Glas fue reemplazado por su propio partido en la vicepresidencia de la República. Antes, al igual que Sendic, Glas ya fue investigado por las sospechas sobre la validez de su titulación universitaria y se comprobó que su tesis fue plagiada. Para lavar su culpa, recibió un doctorado honoris causa en una Universidad local. La Universidad que expidió su título certificó que el plagio era parcial y que tal cosa no invalidaba su graduación. Jorge Glas y la prensa populista de la región denuncian un supuesto “lawfare” en su contra. 

El patrón es el mismo: corrupción, falsificación y victimización, y a eso le llaman “lawfare”. Se trata de un repertorio de delitos, ideologías y justificaciones fundidas en el mismo molde populista. Después de ser atrapados delinquiendo y de ser procesados por las justicias de sus países por crímenes en contra de los derechos humanos o de la administración pública, estos reos se creen la víctimas de una lucha asimétrica, en donde una fuerza imaginaria lleva la delantera para detener su pretensión inmaculada de fundar nuevas patrias, pero de enriquecerse al mismo tiempo con el dinero de todos. 

¿Qué es realmente asimétrico? ¿Qué es judicializar la política? ¿Qué es objetivamente el lawfare? ¿Y la judicialización de los adversarios del correismo durante su década autoritaria no es acaso una lucha desigual? Lo primero que se me viene a la mente son los 10 de Luluncoto, los 29 de Saraguro, los estudiantes del Central Técnico o del Mejía, los del Parque El Arbolito, los policías sentenciados por magnicidio, el encuestador Polibio Córdova y los centenares de líderes sociales criminalizados, encerrados y estigmatizados en una lucha judicial desigual, ésta sí asimétrica. Profesionales, ciudadanos, líderes sociales se vieron enfrentados a un poder totalitario, disfrazado de democracia porque ganó algunas elecciones y a la justicia secuestrada por esa mafia.  

El lawfare no parece servir para ensalzar la vanidad de unos pocos corruptos, procesados por sus crímenes, sino para mostrar a las víctimas de persecución del mismo poder populista declarado en bancarrota moral.

¿Qué es realmente asimétrico? ¿Qué es judicializar la política? ¿Qué es realmente el lawfare?

@ghidalgoandrade