Al presidente Correa le gusta la disputa. En el discurso del Estado de la Nación de mayo de 2014 habló de defender su derecho a confrontar.  Antes dijo que la constituyente de 2007 era la “madre de las batallas” y años después, las enmiendas de 2015 también lo fueron. Al mandatario le gusta mandar.   

Mandatario es la persona que recibe un encargo. Otra persona llamada mandante obliga al mandatario al cumplimiento de una tarea en su representación. El mandante es una persona que confía a otra el hacer algo para la primera.  

Pero este principio de la representación fue modificado desde la Constitución de 2008. Las elites políticas elaboraron un sistema de instituciones que permite el embargo de los derechos de las personas. Según la constitución ecuatoriana, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Por esta disposición, el Estado es el dueño de los derechos, ya no los ciudadanos.

El nuevo principio, que invierte el sentido del mandato democrático, justificó al poder para invadir a las cortes de justicia e imponer a sus jueces para que estos defiendan al poder. Ahora el poder es el titular de los derechos.   

Ahora se entiende mejor por qué la jueza Vanessa Wolf revocó la resolución que declaraba la inocencia del capital de corbeta Darwin Ortega. El capitán Ortega contestó una carta enviada por el presidente Correa, por la cual el primer mandatario sintió ofendida su honra. El presidente presentó una acción de protección para defender su derecho a ejercer sin obstáculos su condición de “máxima autoridad de las Fuerzas Armadas”.

La acción de protección o de amparo es una medida judicial cuya finalidad es tutelar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Pero el presidente Correa pidió a Wolf el reconocimiento judicial de su autoridad. Esto es lo más paradójico de todo esto. Correa compareció en su calidad de presidente, no de ciudadano, a pedir la reparación de un derecho intacto y a imponer en una sentencia judicial, lo que hoy no conseguiría en las urnas.

Aunque pocos se esmeren en un falso debate, la disputa entre el presidente Correa y los militares no tiene nada que ver con la naturaleza del poder civil

La jueza, en lugar de negar el recurso por improcedente, aceptó la acción, ordenó la anulación del fallo militar, y tiró a la basura los más de cinco siglos de evolución constitucional que el mundo occidental ha producido en materia de recursos destinados a proteger a los individuos contra los actos del poder político.

Todo parte de una comprensión equivocada del Estado, el gobierno y el poder. Si cualquier mandatario disuelve el encargo de confianza recibido, se convierte en el único titular de los derechos de todos y, consecuentemente, en la encarnación del Estado, entonces habrá embargado todo derecho individual, toda institucionalidad pública y todo poder. El fallo judicial que será recordado como la sentencia Wolf convirtió al Estado de derechos en el Estado de derechos del presidente.

El constitucionalismo de Montecristi disolvió la independencia de poderes y lo separó en varias funciones, bajo el argumento de que el poder reside en el pueblo. Entonces los poderes perdieron su independencia entre sí y se fundieron en uno solo. Se trata de un solo poder que además se administra bajo un estado unitario. Este estado unitario tienen un solo jefe y ese jefe es el presidente del ejecutivo. Por tanto, el presidente Correa es el jefe de todos los jueces, de todos los militares y de todos los dignatarios. Todos los jueces, militares, obreros, sindicatos, partidos y dignatarios le deben obediencia. El presidente del ejecutivo es también titular de todos los derechos porque el Estado, es decir, él mismo, es el nuevo dueño de todo.  

Aunque pocos se esmeren en un falso debate, la disputa entre el presidente Correa y los militares no tiene nada que ver con la naturaleza del poder civil y la legítima subordinación a éste de las fuerzas castrenses. Esa lectura es apropiada para un estado republicano, donde mandante y mandatario no se confunden, donde el Estado, el poder y el gobierno se distinguen claramente; con poderes separados, derechos individuales e imperio de la ley. Ese no es el caso ecuatoriano.

Lo que está en juego en esta disputa creada por el presidente es el dominio sin límites de un poder personalista que quiere ganar su última victoria antes de la retirada.

Pero esta vez no será tan fácil. Si el economista ya perdió sus credenciales con el actual sobreendeudamiento, la baja credibilidad y las altas tasas de desempleo, como generalísimo, estratega y militar, tiene esta guerra perdida.

@ghidalgoandrade