El estado del Bienestar o Estado Social está en crisis. Es evidente que hay un intenso debate entre los sectores de izquierdas y los de derechas acerca de la viabilidad de este modelo. Para la izquierda, el Estado del Bienestar es una fórmula llena de contradicciones. ya que es incapaz de satisfacer a un tiempo las funciones de legitimación y de acumulación. La derecha, por su parte, sostiene que el Estado del Bienestar, en lugar de contribuir al crecimiento económico favorece el estancamiento, porque fomenta la ineficacia y el despilfarro; es decir, que esta derecha que se lo está llevando crudo -hoy Zaplana detenido por más de lo mismo, y ya son doce de los catorce ministros de Aznar-, cree que un ciudadano vulgar y corriente puede vivir con excesos con una mísera ayuda de 420 euros y sentarse a verlas venir a cuerpo de rey.

Se olvidan estos harto-sopas de que la intervención del Estado en la economía tiene como objeto mantener el pleno empleo, crear un sector público económico, regular el mercado y garantizar la prestación pública de un conjunto de servicios de carácter universal (educación, sanidad, pensiones, vivienda) que garanticen un nivel mínimo de ingresos a la población. Lo que no comprenden los partidos de derechas es que esto es un derecho y no una caridad pública para una minoría insignificante. Porque son precisamente estos sistemas de seguridad social los pilares fundamentales del Estado del Bienestar.

Los problemas a los que se enfrenta la sociedad española han inducido a algunos partidos políticos como Podemos, IU, y otros de pensamiento progresista entre los que no se encuentra el PSOE, a defender la necesidad de sustituir este modelo tradicional que no funciona, por un pluralismo del bienestar que considerase la búsqueda de nuevas combinaciones entre el sector mercantil, el estatal y la acción voluntaria. Es verdad que esto supone una cuestión estratégica de articulación y de compleja solución, pero no imposible. El debate aquí se sitúa entre si el Estado debe seguir siendo la pieza central de la provisión de servicios o si debe ceder en favor del mercado y de los sectores voluntarios, con independencia de seguir siendo la fuente principal de financiación, ejerciendo una función reguladora, lógicamente.

La necesidad de mantener los niveles de competitividad ha inducido a los últimos gobiernos a tomar medidas represivas de índole económica y a una mayor rigided en el gasto social

Lo que sí es evidente es que el Estado del Bienestar está enfermo. La necesidad de mantener los niveles de competitividad ha inducido a los últimos gobiernos a una mayor flexibilización del mercado laboral, a proponer criterios más rígidos para el acceso a las prestaciones sociales, o a la participación de los usuarios en los costes de los servicios sociales.

En definitiva, pese al alarde del gobierno en la recuperación macroeconómica, las espectativas de disminuir el gasto público no logran los niveles que se habían propuesto y esto es debido a los altos niveles de desempleo que tenemos. Otro problema que no saben analizar y por ende tratar o aclarar y mucho menos resolver es el del cambio demográfico. España envejece y esto incrementa más el gasto social y sanitario. Se necesitan ajustes cuyo efecto y valoración puedan producirse a medio plazo y con el objetivo elemental de mejorar las condiciones de la clase más desfavorecida. Pleno empleo y regularización del mercado con la subsiguiente necesidad de la creación de un sector público económico de garantía, fruto de las exigencias del momento económico actual. Y voluntad para realizar esos cambios