A 30 años de prisión le condenó, una jueza colombiana, al militar que, en 1985, recuperó el Palacio de Justicia, luego del sangriento secuestro desencadenado por la guerrilla y que dejó un saldo de 100 muertos en Bogotá.

Al coronel Plazas se le acusó, el 2007, de la desaparición forzada de 11 personas sobre la base de testimonios indirectos en el sentido que el alto oficial realizó interrogatorios a quienes después desaparecieron.

Los familiares de las víctimas, con la ayuda de la Fiscalía y de la Jueza, Stella Jara, llevaron al militar al banquillo de los acusados. La Procuraduría General y los abogados de Plazas apelaron de la sentencia. El Presidente Uribe y el Alto mando Militar expresaron el malestar existente en las esferas políticas y militares, mientras la Corte Suprema respaldó a la jueza.

Con el paso del tiempo, de nada le sirvió a Plazas haber asumido, en 1985, el desafío de recuperar el Palacio de Justicia. Gracias a su operativo se mantuvo la estabilidad democrática colombiana y la guerrilla fracasó. 25 años después, dejó de ser un héroe y pocos valoraron lo que hizo. Grupos de activistas lo consideraron represor de civiles inocentes e importantes segmentos de la opinión pública compartieron la misma percepción de los activistas.

Con este precedente, ¿se les puede pedir a los militares colombianos que mantengan la moral en alto para luchar contra la subversión?, ¿no pensarán que, dentro de 25 años o menos, podrían estar en situación parecida a la del Coronel Plazas?.

La Comisión de la Verdad del Ecuador presentó, a inicios de junio del 2010, un informe que responsabilizaba a políticos, militares y, sobre todo, a policías, de torturas y desapariciones forzadas de antiguos miembros de grupos subversivos.

La defensa del alcalde de guayaquil fue magistral

En los enfrentamientos entre policías y guerrilleros murieron los unos y los otros, con la particularidad que los primeros cumplían un deber legal, mientras los segundos actuaban al margen de la ley. Esta circunstancia no tuvo importancia alguna para los comisionados de la verdad. No reconocieron, en debida forma, el valor de los policías que estuvieron al servicio de la ley, el orden y la seguridad, así como del Estado. No se solidarizaron, en forma franca, con los familiares de los policías asesinados en batalla, en medio de balas, o desarmados en actitud pacífica dentro de hospitales. Por el contrario, descalificaron las políticas de Estado orientadas a salvaguardar la seguridad y la propiedad de los ciudadanos.

Luego de haberse difundido el contenido del informe de la Comisión de la Verdad, ¿qué pensarán los policías ecuatorianos que, obligados por un deber legal, realizan operativos en contra la delincuencia y el terror?. ¿Estarán seguros que, después de algunos años, no serán encauzados penalmente por desapariciones?.

Quiérase o no, el informe afecta la moral del policía.

Los excesos policiales son otra cosa. No tienen justificación. Por ello, es inadmisible que se incrimine a inocentes con pruebas falsas y torturas o que no exista defensa pública de los procesados. El delincuente más perverso goza del derecho al debido proceso en el Estado Constitucional.

Si, con la debida comprobación, los comisionados encontraron que no se respetó el debido proceso en interrogatorios a los subversivos, las faltas policiales deben ser señaladas, con una apreciación objetiva de las circunstancias de la época y del lugar. Ir más allá de esto es forzado. Habría que inventarse figuras penales inexistentes en la fecha de las infracciones y declarar su imprescriptibilidad bajo la modalidad de delitos de lesa humanidad. Por lo pronto, fue apresurada la decisión reciente del Gobierno de reabrir expedientes a policías.

En una contestación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno ecuatoriano, el 2007, anunció que conformaría una Comisión de la Verdad para satisfacer el derecho a la verdad de las presuntas víctimas de desapariciones. ¿Se ha logrado, con el informe de la Comisión, satisfacer ese legítimo derecho o se ha iniciado una persecución en contra de ciertos políticos, militares, policías y jueces?.

Lamentablemente, el Informe de la Comisión sirvió para atacar a distinguidas figuras, como el Alcalde de Guayaquil, que, con fuerza expresiva y refinado talento político, demostró que no participó en interrogatorios y que su compromiso con la seguridad ciudadana lo ha materializado, siempre, dentro de la legalidad democrática.

El informe de la comisión de la verdad fue utilizado políticamente