Durante el año 2012, la comisión internacional de veeduría de la reforma judicial liderada por el ex fiscal español Baltazar Garzón expidió tres informes sobre la situación de la justicia en el Ecuador. Garzón, cercano al gobierno por su patrocinio legal al antiguo empleado de la CIA Edward Snowden, difundió estos informes que presentan serias acusaciones en contra del proceso de contratación de las obras construcción y remodelación las sedes judiciales, así como sobre los concursos para la selección de jueces.

En julio de 2014 el jurista internacional de origen peruano Luis Pasara, en un informe publicado por tres organizaciones dedicadas a la transparencia judicialcon sedes en Bogotá, Lima y Washington, aseguró con pruebas compuestas por sentencias judiciales y casos reales, que la justicia en Ecuador se encuentra en una situación de politización y que los jueces no son autónomos del poder ejecutivo. El informe revela el disciplinamiento de los jueces al proyecto político de la revolución ciudadana y la forma de conseguir sentencias favorables para el gobierno. En los casos presentados se muestra como los jueces están obligados a perseguir, criminalizar y encarcelar a los opositores políticos.

La respuesta del gobierno no demoró y consistió en descalificar a la persona del jurista peruano, intentando vincularlo con la empresa petrolera Chevron, con la que mantiene un litigio internacional. Mientras tanto, los argumentos de politización de la justicia presentados en el informe se mantienen sin respuesta hasta el día de hoy.

En enero de 2015, el asambleísta Andrés Páez presentó a la opinión pública varias pruebas que demuestran cómo las vinculaciones políticas entre los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia y el partido de gobierno, influyeron al conseguir esos cargos. E inclusive, uno de estos jueces sentenció a favor de la persona del presidente Rafael Correa en su demanda por injurias en contra del Diario El Universo.

Antes se nombraba a los jueces de acuerdo a su relación con la carrera judicial, docente o litigante

Para justificar la reforma judicial el presidente Correa reconoció su intención de “meter la mano en la justicia” para convertirla, en sus términos, en un servicio moderno y ágil. Desde la consulta popular de mayo de 2012 este poder, que en cualquier democracia tiene el encargo de resolver los conflictos de la sociedad con autonomía, fue sometido al poder ejecutivo y el nombramiento de los jueces se convirtió en asunto político y no técnico.

Antes se nombraba a los jueces de acuerdo a su relación con la carrera judicial, docente o litigante. Luego se derogó esta disposición y se abrió la puerta para que cualquier aspirante con cercanía al poder pudiera ser juez.

La politización de la justicia se confirmó esta semana con la posesión de los tres nuevos jueces constitucionales en la Asamblea Nacional, todos los cuales provienen de cargos de asesoría política al poder ejecutivo, y fueron posesionados en un órgano compuesto por diez magistrados donde ocho de diez son políticos.

Si con “meter la mano en la justicia” se referían a llenar a la función judicial de asesores políticos, consiguieron su propósito.

@ghidalgoandrade