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Juicio político al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

13/12/2016 11:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Esta semana se anunció que la Asamblea Nacional continuará el juicio político al Presidente de la República, lo que generó críticas sobre si este órgano detenta o no esta competencia, que muchos han tildado como inexistente por no estar expresamente señalada en la constitución

Si bien es cierto no existe el término “juicio político” en la constitución nacional, es de sumo interés recordar que en el Título V de la carta magna, donde se establece la organización del Poder Público Nacional, la primera división que señala el constituyente es la del Poder Legislativo, lo cual denota la importancia de este poder público en el marco constitucional venezolano, más aun cuando nuestro sistema de gobierno es el presidencialista.

Sumado a esto, el numeral 3 del artículo 187 de la constitución le otorga al parlamento la función de control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional, que se traduce en la competencia contralora de la Asamblea Nacional sobre el Poder Ejecutivo. Pero, ¿en qué términos se ejerce este control? El mismo constituyente señaló, en el artículo 222 que los diputados podrán interpelar, investigar y preguntar a los entes y órganos bajo control, para luego, conforme a un debido proceso que debe regir en todos los procedimientos en Venezuela (artículo 49 ejusdem), declarar o no la responsabilidad política del funcionario investigado.

La constitución no permite interpretaciones distintas, es clara al determinar que la Asamblea Nacional podrá controlar y declarar la responsabilidad política de los órganos que conforman el Poder Ejecutivo Nacional, no obstante, ¿en qué se traduce esto?, ¿cuáles consecuencias acarrea?. Es un mecanismo distinto al reciente impeachment ocurrido en Brasil, y que existe en legislaciones como la norteamericana.

En Venezuela, el Presidente de la República ejerce como regente del Poder Ejecutivo Nacional, es a su vez, Jefe de Gobierno y de la Administración Pública Nacional, y la declaratoria de su responsabilidad política está bajo la función de control de la Asamblea Nacional, y cuyo proceso debe como un juicio, estar revestido de los principios y garantías que conforman el amplio concepto de debido proceso.

De ser encontrado el Presidente Nicolás Maduro como responsable políticamente por la Asamblea Nacional, después de concluido el proceso ante todos los diputados electos el 6 de diciembre de 2015, la consecuencia será la solicitud del parlamento al Poder Ciudadano, en específico a la Fiscalía General de la República, para hacer efectiva ante el Tribunal Supremo de Justicia la responsabilidad decretada.

Es decir, es un típico caso de colaboración de poderes, a la Asamblea Nacional le corresponde decretar la responsabilidad política, pero será un órgano del Poder Ciudadano quien podrá intentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, de encontrar llenos los supuestos, una solicitud de antejuicio de mérito contra el Presidente de la República, y por lo tanto, la sola declaración de responsabilidad política por parte del Poder Legislativo no acarrea ni la destitución, ni el cese de las funciones por parte del Presidente de la República de su cargo.

Ahora bien, las repercusiones internacionales serían bastante importantes, porque la opinión global lo traduciría en la apertura de un procedimiento especial para que Nicolás Maduro sea descalificado como Jefe del Estado Venezolano, y la censura por parte del parlamento sería una traba para eventuales negociaciones con factores de poder, sobre todo en Europa, donde el congreso tiene un sitial de mucha más preponderancia que en América.

Sobre el particular de la ausencia del Presidencia de la República, para decretar un abandono del cargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, solo tipificó la falta física del primer mandatario nacional en el territorio nacional, y no entró a determinar si podría calificarse la ausencia de atención a sus funciones de gobierno como causales de abandono del cargo, porque para ello lógicamente, el constituyente instauró la figura del referendo revocatorio para “castigar” a los gobernantes que tuvieran una gestión negativa, y por ende, mal podría la Asamblea Nacional decretar un abandono de cargo mientras el Presidente de la República físicamente se encuentre en el territorio venezolano, distinta a la responsabilidad política que es una competencia diferente que tiene también el parlamento.

Marco Tulio Soto Villalobos

@marcotuliosoto


Sobre esta noticia

Autor:
Marco Tulio Soto V. (14 noticias)
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