El gobierno del presidente Rafael Correa ha dictado 76 estados de excepción en casi nueve años. Eso significa que cada año dicta al menos 8 y uno cada 6 semanas, eso sin contar con los estados de emergencia, que según la teoría son lo mismo.  

Un estado de excepción equivale a un estado de sitio, de guerra o de urgencia y se dicta en caso de un inminente quiebre democrático. ¿La erupción del volcán Cotopaxi podría poner en riesgo nuestra democracia? O ¿un decreto como este fue más útil para movilizar a la fuerza pública de forma inusual?

El decreto por el Cotopaxi coincide con tres elementos que, según analistas como Daniel Zovatto, director de Instituto para la Democracia en América Latina, encienden las alertas sobre la fragilidad de nuestras democracias. El paquete de reformas constitucionales que incluye el interés de correísmo de perpetuarse en el poder, la recuperación de las doctrinas de la seguridad nacional para volcar a las Fuerzas Armadas a las calles y la institucionalización de la excepcionalidad estatal hablan de un proyecto político cada vez más autoritario.

La efectiva protección de los derechos humanos no solamente aborda la problemática de la prevención, sino también sobre su reparación. Entonces cuando los manifestantes críticos al correísmo son reprimidos desproporcionadamente y encausados por terrorismo, sus garantías judiciales se vulneran dos veces por el pecado de no encontrarse del lado del poder. Como ha dicho el mismo presidente Correa: él es el jefe de todos los poderes, jefe del poder judicial y jefe de los jueces.

El modelo de excepcionalidad estatal es la contrapropuesta para el ejercicio del derecho de resistencia ciudadano

Durante las situaciones de excepción es muy común que los gobiernos autoritarios desconozcan la vigencia de garantías tales como el amparo y el habeas corpus. Esto fue lo que sucedió con los 26 indígenas de Saraguro que fueron impedidos de recuperar su libertad por la negación de este recurso. La jueza rechazó el pedido por “falta de argumentos adecuados”, aunque los apresaron sin decirles bajo qué cargos son encerrados y por qué son encausados en una jurisdicción que no es la suya.

Para Leandro Despouy, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el estado de excepción se ha usado frente a conflictos y confrontaciones para concentrar el poder en el ejecutivo y recortar los derechos de los ciudadanos. Zovatto agrega que los estados de excepción son útiles solamente para preservar el orden democrático y se desvían cuando son utilizados para la defensa individual del poder o de su incremento.  

Si el modelo de excepcionalidad estatal es la contrapropuesta para el ejercicio del derecho de resistencia ciudadano, y con esto se reconoce implícitamente la incapacidad del estado para procesar un conflicto por las vías institucionales, ¿cuál es la salida a esta crisis?

Para la francesa Nicole Questiaux, activista de los derechos humanos, luego de producirse una ruptura democrática como consecuencia de una crisis, conviene restablecer la legitimidad del orden institucional mediante un referendo constitucional.

Durante las situaciones de excepción es muy común que los gobiernos autoritarios desconozcan la vigencia de garantías tales como el amparo y el habeas corpus

¿El correísmo responderá con democracia o con más violencia?

@ghidalgoandrade