En su Informe a la Nación el presidente Lenín Moreno dijo que “más grave que la corrupción, es la impunidad, porque aniquila la confianza en instituciones y autoridades”.

Venezuela y Nicaragua son los países más corruptos de América Latina según Transparencia Internacional en un informe de 2019. Ambos son socios ideológicos de la Revolución Ciudadana y su Década Ganada. El retroceso en ambos países consiste en proteger a los corruptos, permear a los organismos de la administración en materia de control y estatizar a la sociedad civil.

Ecuador está también en la cola en el ranking de países más corruptos, apenas por encima de México pero por debajo de Colombia o Perú. ¿Por qué?

Como es de esperarse, los gobernantes de las naciones peor puntuadas se justifican diciendo que estas son acusaciones infundadas, que es una campaña de desprestigio del imperialismo, que el fenómeno de la corrupción ocurre en todas partes del mundo y que sus gobiernos son un ejemplo de transparencia para el mundo entero. Esto lo decía también Rafael Correa impidiendo a la prensa libre hacer su trabajo de investigación y a los organismos estatales judicializar los delitos en contra de la administración. Así se institucionalizó la impunidad por diez largos años en Ecuador como sucedió también en los demás países gobernados por populistas.

Correa llegó al exceso de confesar que los arreglos para sobornar y recibir sobornos se denominaban como “acuerdo entre privados”. Con lo dicho confesaba que durante su gobierno estuvo en marcha un sistema administrativo, financiero y judicial para gestionar la corrupción y la impunidad.

La corrupción no puede ser un fenómeno unívoco y que afecta a una sola de las manifestaciones del poder. Se trata de un fenómeno transversal. Entonces si la corrupción es económica se expresa en el desfalco a las arcas del Estado, si es policial se materializa en el descuido deliberado del narcotráfico, si la corrupción es judicial se puede encontrar en la persecución a los adversarios políticos y si la corrupción es electoral se materializa en fraudes electorales.

La corrupción también es fenómeno sistémico, lo que quiere decir que sus tipologías penales estarán inscritas a la asociación ilícita, al tráfico de influencias, a la delincuencia organizada, al enriquecimiento ilícito, a la falsificación o al fraude porque son crímenes que se cometen con la complicidad de otras personas que actúan con diferentes grados de responsabilidad. La red de participantes crece y los responsables no son solamente quienes cometen directamente el delito. Esto nos dice que si la corrupción fue la regla durante la década ganada debe ponerse en cuestión a todo el correismo y a toda su década ganada, incluyendo a algunos de quienes todavía conservan el poder.

La corrupción y la impunidad parecen institucionalizadas si las autoridades se encuentran involucradas en delitos como si casi la mitad sociedad mira estos hechos con naturalidad

A este momento son una veintena autoridades de alto nivel del gobierno de Rafael Correa, incluyéndolo, las que se encuentran procesadas por delitos en el ejercicio de sus atribuciones de servidores públicos. Para reservar sus identidades en este momento de la investigación judicial solo se dirá que entre la lista están 2 por enriquecimiento ilícito entre los que cuenta un expresidente del Banco Central, 4 por asociación ilícita, 4 por peculado entre los que se encuentra un ex vicepresidente y un ex ministro de propaganda, 2 por concusión entre los que se encuentra un ex contralor y una ex vicepresidente, 2 por cohecho entre los que se encuentra una ex magistrada de la Corte Constitucional, 2 por secuestro entre los que se encuentra el ex presidente de la República y uno por fraude procesal, otro por falsificación, otro por instigación a la violencia, otro por delincuencia organizada y otro por tráfico de influencias entre los que se encuentran ministros de relaciones exteriores o de la producción o un superintendente.

Con estos antecedentes, las cifras desde la sociedad civil son un reflejo descorazonador. Un 49% de los ecuatorianos cree que frente a actos de corrupción es mejor quedarse callados y otro 44% cree que se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción siempre y cuando se resuelva algún problema en el país. Lo dice el Latinobarómetro más reciente, el de 2018.

La corrupción y la impunidad parecen institucionalizadas en el Ecuador si las más altas autoridades de un gobierno se encuentran involucradas en delitos execrables como si casi la mitad sociedad mira estos hechos con naturalidad.

Pero esto no es lo peor. Aunque cualquier cuantía de cohecho sea inmoral, hay un problema mayor cuando el soborno es impagable porque al sobrepasar el 35% del monto de la obra y ser confiscatoria de las utilidades del contratista la única forma de cubrirla sería blanqueando activos con lo cual el problema de la corrupción y la impunidad estaría asociado al tráfico de drogas.

Tenemos un sistema de políticos, burócratas, jueces y policías del más alto nivel podridos desde las entrañas y no habrá institución que pueda mantener la confianza en este barco que se hunde en su propia descomposición si no hacemos algo urgente. ¿Lo haremos?

@ghidalgoandrade