Freddy sostiene a su hijo mayor, de 6 años, mientras Yohana, su esposa, amamanta al pequeño de 2. Ella es ecuatoriana, de nacionalidad quichua. Él colombiano, refugiado, procedente del departamento de Huila. Las leyes permitirían que sus hijos tuvieran una u otra nacionalidad, incluso ambas. Pero en la selva, la ley es algo inalcanzable por las distancias y la falta de recursos para desplazarse a hacer un trámite.

Hoy, gracias a una brigada del Registro Civil, ya tienen una identidad, un nombre y una nacionalidad: ecuatoriana.

"Venimos desde Nueva Unión, una comunidad en el río Putumayo, donde somos nueve familias. Estamos a tres horas de aquí, en bote. Y eso no es mucho. Pero mi esposa y yo no podemos pagar el pasaje, que cuesta 30 dólares por persona.", cuenta Freddy, mientras ríe enseñando los dedos negros de su hijo tras tomarle las huellas dactilares.

En las comunidades fronterizas de esta provincia del nororiente ecuatoriano, Sucumbíos, que limita al norte con Colombia, la mayoría de las familias son mixtas. Padres refugiados, madres ecuatorianas o viceversa. Y niños de un lado y otro. Los reducidos recursos de las familias, que apenas ganan entre 50 y 100 dólares al mes cuando el mes es bueno, no alcanzan para desplazarse a realizar trámites como la inscripción del nacimiento de un hijo.

Esa situación ha hecho que 462 niños de entre 0 y 12 años nacidos en esta zona de Ecuador, alrededor del 30% de padres refugiados colombianos, hayan pasado por esta oficina temporal del Registro Civil. Durante tres días, este organismo estatal ha registrado y emitido cédulas de identidad a niños que permanecían sin ningún tipo de existencia "oficial".

La falta de servicios sanitarios cercanos, las dificultades y alto coste del transporte y la escasez de recursos de una población rural que vive en duras condiciones se combinan generando de forma constante niños invisibles. Niños que, en muchas ocasiones, han llegado a adultos sin ningún tipo de documento que proteja sus derechos.

"Yo tuve a mis dos hijos en casa", cuenta Yohana, "con la ayuda de una vecina que es partera. Ningún médico me atendió. Y después, se fue pasando el tiempo y nunca había el momento o los recursos para sacarlos a registrar."

Gracias al esfuerzo del Registro Civil, otros organismos como la Dirección Provincial de Salud y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  -  ACNUR, han estado atendiendo a las familias procedentes de las comunidades que se extienden a la orilla del río que hace frontera, el Putumayo. A través de la cooperación interinstitucional, la cedulación de los niños, atención sanitaria e información sobre asilo se han podido combinar en un proceso conjunto para acercar los servicios básicos a esta población aislada y que vive bajo el impacto del conflicto colombiano.

"Es preciso seguir apoyando a las instituciones para que las políticas públicas que garantizan los derechos de las personas refugiadas, sus hijos y las comunidades de acogida, se conviertan en una realidad. El acceso a derechos es todavía muy limitado y, por ejemplo, algo tan esencial como la identidad se convierte en imposible", explica Xavier Creach, Jefe de la Sub Oficina de ACNUR en Lago Agrio que ha apoyado al Municipio de Puerto El Carmen para que las personas de las comunidades fronterizas pudieran acudir a la brigada.

Yohana está contenta porque gracias a la cédula y el certificado que le han dado tras un examen médico, su hijo ya podrá asistir oficialmente a la escuela. "Antes era como si no existiera. Ahora, ya podrá empezar el curso como todos los niños".

Sin embargo, en Mushuk Callari, casi en la frontera entre Ecuador, Colombia y Perú, la familia Aguinda espera una nueva oportunidad para tener sus documentos. La crecida del río se llevó su bote la noche anterior a la brigada. En el río, algo tan natural como la lluvia ha impedido de nuevo que tengan su identidad.

Fuente|El Mercurio Digital.