Los derechos y libertades de la comunicación tienen más de una dimensión: aquella que es propia al desempeño del periodismo; y la del ciudadano no-periodista. Apreciará usted que también los ciudadanos hacemos un ejercicio fundamental de comunicación en la cotidianidad de nuestras vidas.

La propuesta de Ley de comunicación del oficialismo comete ese error: legislar sólo sobre los medios y sobre los periodistas. E inclusive, si se acepta la necesidad de legislar los mecanismos que permitan el acceso a las grandes masas de ciudadanos a los espacios de comunicación y debate público, entonces se tachará de inconveniente a esta propuesta.

Nótese que no se trata de defender una posición comercial corporativa de la apropiación de los medios comunicacionales (léase Teleamazonas), sino de develar el riesgo que representaría el potencial acaparamiento de los grandes poderes públicos y privados de estos lugares de encuentro ciudadano como herramientas de disconformidad con el discurso oficialista.

Se debe empezar por aceptar que hay la permanente tentación de que estos mismos poderes públicos como privados coopten estos espacios. Para la discusión de este proyecto se debe reconocer que también la injerencia de los poderes públicos en el control de la comunicación debe ser rechazada por inaceptable.

Es preciso descriminalizar el delito de calumnias e injurias cuando se trata de asuntos públicos

Trazar la inclusión del ciudadano, como eje transversal de los derechos y libertades de la comunicación, no es solamente -aunque muy importante parte- un asunto de distribución de frecuencias solamente, sino un ejercicio de convocatoria de la sociedad civil organizada y movilizada para articularla con la tarea del profesional de la comunicación además de protegerla de las presiones del poder.

Para eso es preciso descriminalizar el delito de calumnias e injurias cuando se trata de asuntos públicos. Recuerde el caso Kimel en Argentina del periodista que fue llevado preso por denunciar a una comunidad religiosa. No se trata de defender la difusión de noticias falsas o descontextualizadas y sin ningún fundamento, sino de aceptar que la comunicación es un derecho fundamental como a la salud y que tiene que ser legislado dentro de este contexto: para todos y sin dedicatoria.

Gahidalgo@flacso.org.ec

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No se trata de defender una posición comercial corporativa, sino de develar el riesgo que representaría el potencial acaparamiento de estos lugares de encuentro ciudadano

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