En la era del internet, de la igualdad global, los ciudadanos están expuestos a tratamientos diferenciados. Mientras en ciertos países el acceso a internet ya es un derecho exigible, en otros, es un bien de consumo al que se accede mediante el pago de un precio.

En algunos países nórdicos los ciudadanos tienen derecho a que el Estado les provea, gratuitamente, el acceso a una banda no menor a 500 Kb. No tienen que pagar para beneficiarse de algo comparable a la salud o a la educación.

En Francia, si bien no es todavía un derecho con rango constitucional, el derecho a acceder a internet ha alcanzado, por lo pronto, un reconocimiento de orden legal.

En Estados Unidos, el internet es un bien de consumo. Para usarlo se debe pagar un precio.

Nuestro País sigue la pauta de Estados Unidos. El acceso a internet tiene un costo.

¿Llegará algún día en que el acceso a internet se equipare con el acceso a la salud o a la educación públicas?. ¿Se convertirá en uno más de los derechos del buen vivir?.

Dado que solamente una minoría accede y usa internet en el Ecuador, resulta improbable que llegue a ser un derecho fundamental.

Ninguno de los socialistas del siglo XXI se atrevería a plantear una reforma constitucional para beneficio de una minoría.

No les importa si la minoría la integran estudiantes, profesionales, empresarios, comunicadores. En la era de las mayorías plebiscitarias, las minorías, aunque sean calificadas, cuentan poco.

La Asamblea Legislativa, dedicada a ratificar los múltiples vetos presidenciales, nunca tendrá tiempo para ocuparse de las nuevas comunicaciones del Siglo XXI. Aprobará, es verdad, las leyes que sean necesarias para perseguir a los periodistas de la televisión, la radio y la prensa. Sin embargo, nada dirá ni hará en beneficio de los usuarios de internet.

Existe una gran diferencia entre el internet como derecho y como bien de consumo

De la Corte Constitucional tampoco se puede esperar algo. Ha consumido su tiempo legitimando el autoritarismo reinante y enterrando convenios de protección de inversiones con las principales potencias mundiales.

Sabiendo, entonces, que en el Ecuador el acceso a internet no dejará de tener un costo, habrá que esperar que los proveedores del servicio pagado cobren tarifas bajas y ofrezcan un servicio de calidad.

Con los recientes cambios a las líneas telefónicas, el servicio del CNT ha mejorado. Se ha ampliado el ancho de la banda. La tarifa se ha mantenido. Sin embargo, no faltan problemas.

Algunas proveedoras privadas prestan un servicio de mejor calidad, a un costo, por supuesto, muy superior.

En el Ecuador todavía es posible acceder y usar el internet con entera libertad. Se ve y se publica lo que uno quiere ver y publicar.

En Venezuela, en China o en Irán, por el contrario, los usuarios están sometidos a varias limitaciones impuestas desde los gobiernos.

En Cuba, la situación es peor. Desde un hogar no es posible acceder, con libertad, al internet. El ciudadano debe ir a locutorios o visitar instalaciones especialmente habilitadas por el Gobierno. La famosa bloggera Sánchez ha difundido las atrocidades del régimen castrista desde la clandestinidad, sabiendo que, en cualquier momento, podría ser objeto de represalias físicas, por los mensajes distribuidos por el internet.

Sea que el acceso a internet se convierta o no en derecho fundamental, lo importante es que el internet lo ofrezcan tanto el Estado como los proveedores privados, en un entorno de libertad total, a fin de que el ciudadano vea y publique lo que quiera, sin censores, sin tutores, ni controles.

El acceso masivo al internet modifica la relación entre gobernante y gobernados