Los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Foto: Twitter

Los nueve integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción fueron sentenciados el 20 de abril de 2017, a un año de prisión por calumnias al contralor general del Estado, Carlos Pólit. La jueza Karen Matamoros también ordenó que se pida disculpas públicas al funcionario y que cada uno le pague como indemnización el equivalente a un mes sueldo de Contralor. Sin embargo, se perdonó la pena porque se declaró extinta la acción penal una vez que el defensor del Contralor desistió de la querella.

Todo esto ocurrió horas después de que el presidente electo Lenín Moreno exhortara al contralor Pólit a desistir de la causa. En su cuenta oficial de Twitter, Moreno escribió: "Animo al señor Contralor, Carlos Pólit a revisar demanda contra @CNACEcuador Es momento de mayor tolerancia....Pero también exhortamos a las organizaciones sociales a proceder con mayor rigor y responsabilidad", apuntó.

Antes de conocer el desistimiento de la causa, el Contralor pedía una pena de hasta dos años en prisión y el pago de una indemnización de USD 900 mil por las supuestas calumnias. Esto porque la Comisión presentó en febrero de 2016, una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la existencia de un supuesto delito de cohecho y el presunto sobreprecio en la compra del terreno para la Refinería del Pacífico. Sin embargo, el caso denunciado se archivó y el fiscal general Galo Chiriboga se abstuvo de seguir con la investigación por considerar que no habían pruebas suficientes.

Tras esto, la Corte Nacional calificó a la denuncia de la Comisión como maliciosa y temeraria y el Contralor procedió a acusar a los Comisionados. Los nueve demandados son: Maria de Lourdes Arboleda, Byron Patricio Celi, Simón Espinosa, Isabel Robalino, Germán Alfredo Rodas, Jorge Rodríguez, Ramiro Román, Julio César Trujillo, Juan Fernando Vega, todos ellos, conocidos personajes de la academia.

De su parte, Hernán Ulloa, en representación del Contralor aseguró que una vez que la fiscalía se abstuvo de investigar las denuncias de corrupción por falta de prueba y se declaró la malicia y temeridad de las mismas, se perfeccionó el delito.

La Jueza Matamoros, durante la lectura de la sentencia justificó la culpabilidad de los querellados por considerar que la falsa imputación de un delito se verifica cuando se declaró la denuncia de maliciosa y temeraria. También aseguró que el artículo 11 de la Convención Americana "protege el honor de las personas", incluyendo la de los funcionarios públicos. (I)

Fuente: FUNDAMEDIOS