Con un millón de dólares de honorarios por gestiones “constitucionales”, el abogado de la Cervecería y, a la vez, hermano del secretario de la Corte Constitucional y “deudor” del Presidente de este Organismo, defendió la licitud de su intervención “profesional” y la legitimidad del pago hecho por su cliente, ante una opinión pública suspicaz de cualquier posible provecho económico derivado de la utilización de privilegios institucionales.

El nervioso Presidente de la Corte exhibió una declaración notarial para demostrar que el célebre abogado era, desde hace algún tiempo, su deudor por algunos miles de dólares.

El hermano Secretario, entre pausas y lagunas verbales, se limitó a decir que él no tomaba las decisiones al interior de la Corte, pues, era, simplemente, quien daba fe de los actos.

Otros asustados vocales de la Corte, por su parte, defendieron su honorabilidad. No llegaron a pedir que se les sometiera a un detector de mentiras. En todo caso, para alejarse del escándalo, adoptaron una decisión inesperada y jurídicamente improcedente: la nulidad de la resolución con la que se había favorecido a la Cervecería.

¿Un balde de agua fría para el abogado, su hermano y su acreedor?. No. En las imágenes televisivas se les vio muy risueños y distendidos a los miembros de la Corte. Dieron la impresión que poco les importaba la denuncia del diputado Lara.

Para la mayoría de ciudadanos, el escándalo del millón de dólares fue la estocada final a una Corte cuestionada desde antes que se transformara, de Tribunal Constitucional de los “manteles”, en Corte Constitucional de la Transición. No hubo un líder político relevante, salvo el Presidente, que defendiera a los vocales del Organismo.

En medio del acoso público y de la orfandad política, los vocales, para protegerse, no tendrán otro refugio que el que se les proporcione desde Carondelet. Por ello, lo menos que se debe esperar es que hagan, sobre la consulta popular, lo que más le convenga a su promotor. Si tienen que cambiar la puntuación, la cambiarán. Si deben dosificar el contenido de algunas preguntas, eliminarán algunos sustantivos, verbos y adjetivos.

Los tribunales constitucionales del pasado, a pesar de las críticas, nunca estuvieron en medio de un escándalo de tal magnitud

Una pregunta, sin embargo, les exigirá más de lo acostumbrado, esto es, aquella relacionada con el enriquecimiento sin justificación, especialmente por lo que se refiere al acrecimiento patrimonial del abogado, quien, de llegar a aprobarse la pregunta, es probable que deba dar las explicaciones del caso.

Un escándalo, como el denunciado por el diputado Lara, nunca se había presentado en los antiguos tribunales constitucionales. Se los criticaba, es verdad. Pero nadie exhibió cheques ni demostró vinculaciones personales dentro de la Corte.

Por ello llamó tanto la atención la denuncia sobre el pago del millón de dólares al influyente abogado y la forma en que la Corte resolvió a favor de la Cervecería, aunque después haya revocado la resolución.

Los vocales de la actual Corte Constitucional fueron, el 2007, vocales del Tribunal Constitucional de los “manteles”, designados por aquellos diputados que participaron en el golpe parlamentario. El 2008, sin tener atribuciones para ello, se autoproclamaron miembros de la Corte Constitucional de la Transición. En tres años, para asegurarse en los cargos, pasaron por alto los mandatos de dos constituciones, la de 1998, y la de Montecristi.

¿Lograrán salir indemnes del escándalo o serán triturados por la denuncia del diputado Lara?. Nadie sabe. En todo caso, es doloroso que el Ecuador, junto a Venezuela, sea uno de los pocos países que no ha logrado institucionalizar una Corte Constitucional respetable.

No hay verdaderos Estados Constitucionales sin Cortes respetables e independientes del poder político.