El libro de Pablo Dávalos “Salud Inc. Monopolio, asimetrías de la información en el aseguramiento privado de la Salud en Ecuador” tiene dos ideas centrales: la primera es que el correísmo fracasó en su oferta de universalizar la atención en salud gratuita y que, por el contrario, obró con la intención de ampliar su electorado; y la segunda es que las empresas que ofrecen servicios en materia de asistencia en salud dispararon su crecimiento durante el correísmo, obtuvieron las mayores utilidades, monopolizaron el mercado, y marginaron a los sectores más necesitados de la sociedad.

Entonces me permitiré desarrollar esas dos ideas fuerza.

La asistencia sanitaria privada o medicina pre-pagada responde a las ideas del libre mercado. Se extiende en Latinoamérica durante la década de los ochentas con el neoliberalismo chileno de Pinochet. En esta época, la idea principal de la medicina privada era liberalizar el comercio de la salud en tal forma que el acceso a la asistencia sanitaria debía ser establecido por la oferta y la demanda.

La convivencia entre un sistema de salud público y otro privado tiene contradicciones irreconciliables si existe un entramado legal y político que desestructura al sistema público para privilegiar al sistema privado. Esto queda claramente explicado en el libro de Dávalos. 

Desde la década del noventa, el FMI y el Banco Mundial prestaron dinero a los países bajo ciertas condiciones. Ambos organismos todavía hoy ofrecen asistencia financiera y técnica, lo que se tradujo, durante la década de ochenta y noventa en la práctica de las privatizaciones y de la reducción del tamaño del Estado en términos de asistencia social. Aquí se incluyó la salud y las pensiones jubilares.

Después del fracaso político que representó el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, apareció un nuevo frente de políticos que ofrecieron universalizar la seguridad social y la salud pública. La iniciativa se llamó “Revolución Ciudadana”. El electorado confió en el entonces carismático Rafael Correa y el gran electorado apoyó su propuesta para instalar una Asamblea Constituyente y reformar el sistema de instituciones políticas.

Dávalos se encarga de desmontar el mito del correísmo. Durante los últimos diez años de gobierno, las empresas de medicina privada operaron bajo una ley vigente desde 1998, lo que significaba en la práctica que el mercado de la salud estaba regulado bajo los principios de la ley de modernización del estado de 1993. La tan despreciada larga noche neoliberal realmente esta vivita con el correísmo.

Hoy, más de dos décadas después, los legisladores del gobiernismo empiezan a discutir el tema, en un momento que la crisis del sistema de salud pública es insostenible. Es decir, todo el griterío sobre la ampliación de los derechos sociales, en materia de salud, es mayoritariamente ficticio.   

Solamente al seguro social obligatorio, el estado adeuda más de 1.800 millones de dólares, así como a la seguridad social militar adeuda más de 417 millones de dólares.

Pero así es como se financia el correísmo. Dávalos sostiene en su libro que, y cito, “el sistema de seguridad social obligatorio en el Ecuador está pensado más bien en otorgar liquidez y solvencia financiera al Estado que en definir prestaciones adecuadas a los usuarios del sistema”.

Pablo Dávalos se encarga de desmontar en este libro el mito del correísmo

Agrega que para diciembre del año 2014, el gobierno central había emitido deuda con los recursos de la seguridad social por casi 15 mil millones de dólares, lo que representaban casi el 73% de todos los activos del sistema de seguridad social obligatorio”. Increíble.

Pero el asunto no queda ahí. El siguiente paso, después de desfinanciar al seguro social no consiste reducir el tamaño del Estado, como proponía el neoliberalismo. Al contrario, se produce una mutación aun peor: el estado se convierte en el mecenas de la medicina pre-pagada a un altísimo costo: la destrucción del sistema de salud público.  

Las propagandas del correísmo nos quieren vender una patria sembrada de carreteras, escuelas y hospitales, pero las cifras contradicen estas afirmaciones. Según Dávalos, para el año 2013, el INEC (que para el caso es un organismo del estado) establecía que el sector privado tenía casi 8 de cada 10 de hospitales y clínicas, mientras que el sector público tenía el un poco más de 2 de cada 10. Las asimetrías son notables.

Es decir que, a pesar del aumento del presupuesto en salud, la asimetría creo una ventaja a favor de las grandes cadenas de asistencia en salud. La política del gobierno en esta materia responde más a su estrategia de consolidación del poder que aun cambio estructural del sector. Dávalos asegura que “el Estado utilizó la infraestructura en salud del sector privado para compensar la ampliación de la oferta pública en salud, lo que a la larga contribuyó más a la expansión y consolidación del sector privado que a la consolidación del sector público”.

Este crecimiento se traduce en una medicina privada que atiende a 1 millón de clientes con 6.500 millones de dólares en utilidades, mientras que el sistema de seguridad pública debería atender a más de 12 millones de usuarios con la misma cantidad de dinero presupuestado. Esto quiere decir que los sectores más vulnerables de la sociedad deben satisfacer su derecho a la salud con una décima parte de lo que necesitan quienes pueden acceder a un sistema privado.

La misma regla de disparidad se reproduce cuando se observa la acumulación de las empresas de salud en pocas manos. Según el trabajo que comento, los datos nos indican que en el sector de la medicina pre-pagada, las cuatro empresas más grandes, tienen la capacidad de concentrar más del 90% del mercado, y una sola de ellas tiene una capacidad de control de mercado mayor al 60%. Esto demuestra que el correísmo ha creado un gran monopolio en la salud, que además desplaza a la pequeña empresa de asistencia sanitaria privada y de medicina pre-pagada. Rafael para los monopolistas, correa para los pobres.  

Lo paradójico, en términos de Dávalos, es que esto sucede precisamente en medio de la creación de una Superintendencia para el Control del Poder de Mercado que, y esto es un criterio personal, no ha hecho nada para controlar las distorsiones en el mercado de la medicina pre-pagada, para disminuir las asimetrías de la información en el aseguramiento privado, que ha servido para instalarse en una mansión al norte de Quito y para engordar un cuartel de revolucionarios que, al menos, salen a las contramarchas del gobierno.

Pero es aún más lamentable, como dice Dávalos en sus conclusiones, que el correísmo haya desmantelado los servicios más eficientes y con mayor nivel de especialización médica del Ministerio de Salud Pública. Desde la vigencia de la Ley de Servicio Público de 2011 y del Decreto 813, cientos de especialistas han sido despedidos diariamente de las instituciones de salud pública, hasta el día de hoy.  La artimaña legal consiste en notificar a los médicos con la disposición de la compra obligatoria de sus renuncias, sin ningún derecho a impugnar nada. Todo responde a un plan bien montado de desarticulación del sistema de salud público. 

En resumen: la salud es una de las principales víctimas de la maquinaria clientelar del correísmo; dos, en toda esta década el correísmo ha sido incapaz de planificar la salud pública con una visión estratégica, de tal forma que resuelva los problemas de fondo; y, tres, el correísmo es una mutación del neoliberalismo, como dice Juan Cuvi en la introducción de este libro.

Es lamentable que el correísmo haya desmantelado los servicios más eficientes y con mayor nivel de especialización médica del Ministerio de Salud Pública