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Una cooperativa de migrantes alerta de su situación límite tras el cese del convenio con Colau en diciembre

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13/05/2020 05:09 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Eric Katta tiene 40 años. Desde el año 2015, la cooperativa Alencop, dedicada a la recogida de chatarra, ha sido su medio de subsistencia. Hasta el pasado mes de diciembre, fecha en la que el Ayuntamiento no renovó el convenio, y cuando dejaron de cobrar los salarios los 17 miembros de esta entidad. Todos ellos son migrantes subsaharianos de hasta 8 países diferentes, en la treintena y con cargas familiares. El pasado 30 de marzo, en pleno estado de alarma, fueron dados de baja de la Seguridad Social.

Tras cuatro meses sin cobrar, y con la actividad totalmente paralizada desde mediados de marzo ante la irrupción de la pandemia de coronavirus en Barcelona, ellos y sus familias no tienen ninguna entrada de dinero.

Hasta hace 50 días pudieron al menos ir a recoger gratis electrodomésticos viejos a domicilio que podían revender en las chatarrerías o como artículos de segunda mano en su propia tienda. Ahora ni eso debido a las restricciones de actividad marcadas por la crisis sanitaria.

El hecho de que cobraran el salario mínimo interprofesional como socios de la cooperativa en régimen de autónomos no les da acceso a ayudas por la crisis del Covid-19. Los pisos en los que viven, apartamentos sociales que les proporcionó el Ayuntamiento y cuyo alquiler se les descontaba de sus salarios, también estarían en el aire. "Nos vemos obligados a levantar nuestra voz", afirma Eric, ante la falta de ingresos y ayudas y la imposibilidad de trabajar en la calle.

Lejos quedan los tiempos en los que fueron desalojados de la nave que ocupaban en la calle de Puigcerdà del Poblenou, donde acumulaban la chatarra que recogían en las calles, para fundar esta cooperativa (bajo el gobierno del convergente Xavier Trias) que luego se mudó a la calle Santander, también en Sant Martí (en el mandato de Ada Colau) y en 2018 a una nave de 750 metros cuadrados en el polígono del Bon Pastor en Sant Andreu. La nueva sede entró entonces dentro de las ayudas municipales integradas en el Pla de Barris.

Con motivo de aquella inauguración, los responsables municipales destacaban el cooperativismo como "una salida eficaz, sostenible y empoderadora, ejemplar para la ciudad". En el año 2017, la cooperativa gestionó de media de 110 recogidas mensuales, unas cinco al día, con un volumen total de 66 kilos por recogida (70 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos anual y 20 toneladas.

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En 2018, Alencop contaba con un presupuesto de 822.000, un 60% aportado por el consistorio y el 40% de los recursos propios que genera la cooperativa. En 2019, último año del contrato, se esperaba un 60% de recursos propios para sostener el negocio.

En un comunicado, los 17 afectados explican cómo se encuentran: "Se nos dice que la cooperativa nunca fue bien, pero nosotros somos trabajadores, la mayoría de las decisiones las tomaban los técnicos. Llevamos trabajando cinco años cobrando un mínimo salario y la mayoría del mismo en forma de vales comida y alquileres mientras que el dinero efectivo que cobrábamos era muy poco".

Piden poder cobrar los tres meses de retraso por un trabajo realizado y que se asegure su estancia en los pisos hasta que se encuentre una solución definitiva.

El Ayuntamiento explica a 20minutos.es que desde el primer acuerdo firmado con Alencop en 2014 el objetivo era el de "ayudar a un proyecto cooperativista empresarial autónomo para normalizar las condiciones de vida y regularizar la situación administrativa de un grupo de personas en riesgo de exclusión".

Por eso, el acuerdo indicaba que "la aportación municipal se iría reduciendo a la vez que aumentara la capacidad económica de la cooperativa". Algo que no se ha producido, al no cumplirse los porcentajes de aportación propia de la cooperativa (el 60% de recursos propios en 2019 para poderse sostener).

No obstante, un informe técnico encargado por la propia gestora de la cooperativa, es decir, por los socios, indicó en noviembre de 2019 que el proyecto era "totalmente inviable a nivel económico", añaden fuentes consistoriales. Tampoco se ha producido una rotación de las personas beneficiarias del proyecto, los propios trabajadores, que es "la razón de ser de una entidad de inserción", indican.

Además, el consistorio insiste en que se está trabajando desde hace meses con los miembros de Alencop "para facilitar su situación" así como para garantizar sus necesidades básicas. Entre estas se encuentra la inserción laboral y la vivienda, Esta última se les asegurará hasta finales de 2020.


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