Hoy todos luchan en contra de la corrupción. Todos, incluyendo a quienes se les pasó diez años de negociados por debajo de las narices.

Después de una década de calentar el puesto algunos oficialistas empiezan a reaccionar sin dejar de mencionar el debido proceso como pretexto para entorpecer las investigaciones sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre los sectores estratégicos.

Opositores y oficialistas trapean el piso con el debido proceso. Cada uno de ambos sectores tiene su propio papel en el circo de la fiscalización.

Los oficialistas deben saber que ellos y ellas, revolucionarios y revolucionarias, no son jueces penales. Su bloque legislativo no tiene la tarea de establecer responsabilidades penales de las autoridades señaladas en los recientes escándalos de corrupción. Su obligación consiste en establecer las responsabilidades políticas que el ex presidente Rafael Correa reconoció sobre los casos de corrupción antes de dejar el poder. A confesión de parte, relevo de prueba. Pero estos qué van a entender sobre eso.

Los opositores, desarticulados y descomprometidos, actúan por cuerdas separadas, cada uno a su aire y según su conveniencia publicitaria. La oposición no es débil porque está desunida; está desunida porque es débil. Con una oposición frágil como esta será imposible encontrar la verdad en este enredo creado por el correismo. Al contrario, ésta, hasta ahora, es una oposición funcional al velo de misterio que el gobierno anterior dejó tendido sobre las más recientes denuncias, todo para proteger sus intereses.

Con ruedas de prensa y giras de medios no conseguirán nada. Primero deben empezar por leer la Constitución Política. ¿Ya lo hicieron?  

Algunos opositores proponen llamar a juicio político al actual vicepresidente Jorge Glas. Honorables opositores: ¿acaso saben qué es un juicio político? ¿Saben que la convocatoria a un juicio político exige un procedimiento concreto y la identificación de una tipicidad específica?

El juicio político

En principio, un juicio político se propone poner en cuestión las responsabilidades administrativas de un funcionario representativo. La responsabilidad es uno de los principios del estado republicano, pues corresponde al presidente, y por delegación al vicepresidente como a los ministros del gabinete, la obligación de responder por lo que suceda con la administración pública.

Un juicio político establece responsabilidades políticas; no establece responsabilidades penales o civiles. Así como el juez civil o penal de un funcionario son las autoridades judiciales, el juez político de un mandatario es el legislador. Esto se debe a la doble legitimidad democrática que existe entre funcionarios políticos, ambos nombrados en elecciones.

El procedimiento

Para establecer un juicio político se necesita cumplir con requisitos formales y conceptuales.

Formalmente se necesita presentar una solicitud con el apoyo de, al menos, 46 asambleístas, lo que corresponde a una tercera parte de los miembros de la legislatura.

Existen tres casos para el encausamiento político: por cometer delitos contra la seguridad del estado; por cometer delitos contra la administración pública; y, por crímenes de lesa humanidad.

Para iniciar el juicio se necesita el dictamen favorable de la Corte Constitucional y posteriormente un informe de recomendación expedido por la Comisión de Legislación y Fiscalización. Luego, el presidente de la Asamblea Nacional lo incorporará en el orden del día.

Los votos

La oposición ha manifestado en varias ocasiones que llamará a juicio político al vicepresidente Jorge Glas. Empecemos por lo más sencillo: ¿tienen los 46 votos en el pleno asambleario? ¿Tienen el quorum de 5 jueces constitucionales para la aprobación del dictamen de admisibilidad del juicio político? ¿Tienen 4 de 7 votos en la Comisión de Administración Legislativa? ¿Tienen algún voto en la Comisión de Fiscalización?

Solo los 34 de CREO y los 15 del PSC suman 49 escaños, con lo cual se satisface el requisito del pleno asambleario.

Sin embargo, conseguir el quorum en la Corte Constitucional parece un candado infranqueable. Al menos 5 de los 9 jueces fueron asesores del gobierno de Rafael Correa y no proceden de la carrera judicial. Estos son los jueces Silva, Martínez, Butiñá, Molina y Ordeñana, algunos de los cuales se han declarado militantes de la Revolución Ciudadana. ¿Independencia? Ninguna. 

Solo hace falta que sepan algo de procedimiento, algo de lógica y empezar a llamar las cosas por su nombre

La Comisión de Fiscalización  está copada por correístas. ¿Coincidencia? No.

La Comisión de Administración Legislativa, que verifica el cumplimiento de requisitos de la solicitud del juicio, da inicio al trámite después de conocer el informe de la Corte Constitucional, está ocupado por 2 opositores de 7 vocales.

Las causas

Hay tres tipos de delitos para el enjuiciamiento político. Los cometidos: a) contra la seguridad del estado; b) contra la administración pública; c) contra la humanidad.

El vicepresidente Jorge Glas recibió el encargo, durante el gobierno del expresidente Correa, de administrar los sectores estratégicos y por las decisiones adoptadas en estas materias debe responder políticamente.

Entonces, ¿los legisladores están en capacidad de demostrar documentadamente que el vicepresidente Glas, en el ejercicio de sus funciones cometió alguno de los tres tipos de faltas que justifiquen su enjuiciamiento?

Es decir, ¿se puede demostrar que el mandatario atentó contra la seguridad del estado confiando información reservada sobre los sectores estratégicos, que son de interés nacional, a una persona que no ostentaba una delegación oficial? ¿Que ésta persona no era funcionario público, y que no recibió una autorización legal del gobierno nacional, para establecer contacto con inversores extranjeros, poniendo en riesgo los intereses del Estado ecuatoriano?

Los delitos en contra de la administración son algunos. En nuestra tradición penal son: peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito.   

El peculado es la apropiación indebida de los dineros pertenecientes al Estado, es decir ¿los legisladores opositores han demostrado documentadamente que Glas se apropió de recursos públicos, personalmente o través de una tercera persona?

La concusión es el delito que consiste en exigir una retribución dineraria por las funciones públicas que se realiza, mientras que cohecho es el delito contrario a la concusión consistente en ofrecer una retribución a cambio de un favor, es decir ¿los legisladores han demostrado documentadamente que Glas pidió, recibió y/u ofreció gratificaciones a cambio de influir en la concesión de contratos petroleros o de edificación de obra pública, por ejemplo?

¿Los asambleístas que hoy impulsan un juicio político han demostrado que el vicepresidente se ha enriquecido, personalmente o través de testaferros, mientras desempeñó sus funciones durante el gobierno del presidente Correa y como consecuencia de la administración de los sectores estratégicos?

Mensaje final

Señores legisladores, antes de abalanzarse a los medios de prensa y de llenarse la boca de su vocación fiscalizadora, empiecen por esta fórmula sencilla: sin votos, no habrá juicio; sin tipicidad, no habrá juicio. Son ambas cosas o ninguna.

Llamen a las cosas por su nombre y consigan las pruebas para demostrarlo. Si a quien esperan encausar filtró información reservada, llamen a esa falta como “delito contra la seguridad del Estado”; si se apropió de dineros del Estado, llamen a esa falta como “peculado”; si exigió dineros será “cohecho”, si ofreció dineros será “concusión”; y si lucró de las arcas del Estado se llama “enriquecimiento ilícito”.

Poco favor le hace a la verdad sus titubeos porque para esto no hace falta una investigación penal previa. Solo hace falta que sepan algo de procedimiento, algo de lógica y empezar a llamar las cosas por su nombre.

De nada.  

@ghidalgoandrade