La jueza Rodríguez – Medel aprecia indicios constitutivos de delito en la investigación del máster del presidente del Partido Popular. Siendo casado aforado, por su condición de diputado en el Congreso, la jueza se inhibe y pasa el caso al Tribunal Supremo.

Rodríguez – Medel justifica la imputación de Casado

Para ello utiliza jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, en la que el alto tribunal calificaba como un delito de prevaricación el dar calificaciones universitarias de modo arbitrario, justo lo que habría pasado en el caso en cuestión.

La jueza también aprecia delito de cohecho impropio, en tanto que la relevancia política y pública de Pablo Casado, el máster lo desarrolla cuando ya es diputado en la Asamblea de Madrid, le permitió obtener un trato de favor en la Universidad Rey Juan Carlos.

La exposición razonada de la jueza, por la cual aprecia los delitos de prevaricación y de cohecho impropio, se basa en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo al juzgar hechos muy similares.

Las notas no pueden estar al libre albedrio del profesor

Eso es lo que se colige de una sentencia de la que fue ponente el magistrado Luciano Varela, que considera que la Libertad de Cátedra no permite que el docente ponga las notas sin ningún mecanismo de control.

Debido a que el proceso de calificación se inicia en el momento de la matriculación y finaliza cuando se publican de modo oficial las notas, ese dilatado proceso puede ser campo abonado para la prevaricación.

La Jueza de los juzgados de Plaza de Castilla, también cita al magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, para justificar que en el delito de prevaricación puede existir un «cooperador», que se convierte en tal con el mero conocimiento de que se está produciendo prevaricación.

El cohecho impropio, justificado por una sentencia del 2015 del Tribunal Supremo

Para la justificación de la existencia de un soborno a un funcionario público o viceversa, la jueza se vale de una sentencia del 2015 del alto tribunal, cuyo ponente fue el magistrado Julián Sánchez Melgar.

En dicha sentencia se explica que, para calificarse como un delito de cohecho impropio, solo es necesario que se reciba la dádiva, aunque esta nunca haya sido exigida. Por tanto, con solo la recepción, ya se estaría produciendo un delito.

Dádiva en función del cargo desempeñado

En toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se colige que cuando el funcionario público que recibe una dádiva, el regalo debe de ser producto del poder que le da a dicho servidor público el cargo que ocupa.

Con ello la persona quedaría cohechada, de manera que entra dentro de esta consideración, que a Pablo Casado le «regalaron» el máster a consecuencia de ser diputado en la Asamblea de Madrid.

Regalos por «los usos y costumbres sociales»

La consideración la establece el magistrado del TS Manuel Marchena, que obliga al juez a discernir entre regalos que se hacen debido a los usos y costumbres sociales, y aquellos que no lo son, como es el caso que nos ocupa.

Eso precisamente, llegar a la imputación es un proceso burocrático y lento, es lo que más teme el Partido Popular, que prevé que el «caso Casado» estalle justo en medio de la campaña electoral

Partiendo de la diferenciación establecida por el juez Manuel Marchena, la instructora de la causa, Rodríguez – Medel, colige que el «regalo» de la titulación de máster se produjo por la relevante posición política de que disfrutaba Pablo Casado en la Asamblea de Madrid.

Una «bomba de relojería» dentro del PP

Como antes lo fue una corrupción que se podía calificar de «sistémica» dentro del Partido Popular, ahora la posible imputación de Pablo Casado y que se eleve la causa al Tribunal Supremo por la condición de diputado de Casado, amenaza la estrategia política del PP.

Además, este año el mes de agosto es, excepcionalmente, lectivo para el Tribunal Supremo, por lo que, al inicio del curso político, se podría dar la situación de que se iniciase el nuevo curso lectivo en el Congreso con el líder de la oposición imputado.

Casado intenta «echar balones fuera»

Sabiendo del potencial destructivo que una imputación de Casado ante el Tribunal Supremo puede tener en la intención de voto, con un Ciudadanos desatado y saliendo a «pescar» en el caladero de votos de la formación conservadora, la actual dirección del PP intenta «echar balones fuera».

Casado se ha embarcado en una multitud de iniciativas políticas, para evitar que el «foco» se centre en su máster espurio, que cabe recordar, se logró en la misma universidad, la Rey Juan Carlos, y en el mismo Instituto de Derecho Público, del máster que le costó el puesto a Cristina Cifuentes.

Un proceso farragoso

Eso precisamente, llegar a la imputación es un proceso burocrático y lento, es lo que más teme el Partido Popular, que prevé que el «caso Casado» estalle justo en medio de la campaña electoral para las municipales y autonómicas del 2019.

Que el resto de los partidos del Congreso de los Diputados, utilizarán la investigación judicial como «arma arrojadiza» contra el PP, está más que asegurado, y buscarían lastrar los resultados electorales de la formación política que presidiese José María Aznar.

El primer paso del «calvario» para Pablo Casado será la petición de un informe a la Fiscalía y si en esta encuentra indicios constitutivos de delito se reuniría la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo, que admitiría, o no, el caso.

A pesar de que la mayoría de los magistrados de la Sala de Admisiones son «conservadores» eso no sería óbice para un proceso justo, ya que la propia Carmen Rodríguez – Medel es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Por la vía penal

Si el TS determina que hay caso, el Tribunal Supremo designará un instructor en la Sala de lo Penal, en la cual tendría que declarar Pablo Casado, aportando todas las pruebas de defensa que considere, dirimiendo el instructor si efectivamente, o no, realizó los trabajos que le confirieron el título de máster.

Casado no dimitirá

Es algo que ya ha dicho por activa y por pasiva Pablo Casado: no piensa dimitir, inclusive, si finalmente es imputado.

El presidente del PP se defiende diciendo que hizo todo conforme a derecho, y que nadie le regaló el máster.

Al mismo tiempo, Pablo Casado se lamenta del escrutinio público al que está sometido, algo, que tal mismo dice, solo se le ha hecho a él, ni siquiera a su compañera de bancada, Cristina Cifuentes, que tuvo que abandonar todos los puestos de representación política.

La jueza Rodríguez – Medel aprecia indicios constitutivos de delito en la investigación del máster del presidente del Partido Popular