Una treintena de miembros o presuntos dirigentes de Batasuna -partido ilegalizado en España en 2003 por ser considerado brazo político de ETA- serán juzgados a partir del lunes en Madrid, mientras el País Vasco busca un proceso de paz que cierre cuatro décadas de violencia.

Dos militantes francesas y 33 españoles, entre ellos dirigentes históricos como Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, deben comparecer ante la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, en sus juzgados de San Fernando de Henares, a las afueras de la capital.

La justicia les imputa esencialmente actividades políticas, bajo la etiqueta de Batasuna. La fiscalía alude a decenas de reuniones, llamadas, ruedas de prensa y documentos que prueban, según ella, que actuaban en nombre del partido ilegalizado.

"Los dirigentes del entramado crearon una sucesión de partidos políticos, agrupaciones e instituciones con la finalidad de perpetuar la estrategia diseñada por ETA", asegura la acusación.

ETA (Euskadi ta Askatasuna, País Vasco y libertad, en vasco) cometió atentados durante 40 años en nombre de su lucha por la independencia del País Vasco y Navarra, que mataron a 829 personas. En octubre de 2011, anunció "el cese definitivo de su actividad armada".

Los hechos que se imputan a los 35 acusados, algunos de los cuales remontan a 2005, implican en opinión de la fiscalía pertenencia a una organización terrorista y pueden representar su condena a diez años de cárcel y la prohibición de ejercer cargos públicos durante al menos diez años.

La línea política del partido independentista vasco Batasuna, que no fue prohibido en Francia donde se autodisolvió en 2013, evolucionó en la década de los 2000 y fue objeto de divisiones internas a medida que ganaban fuerza los partidarios de una lucha exclusivamente política.

En el País Vasco español, exmiembros de Batasuna crearon en 2012 el partido independentista Sortu, aceptando respetar las leyes españolas y combatir únicamente en el terreno político.

Propulsada por la renuncia a la violencia, la coalición independentista de izquierdas Euskal Herria Bildu (EH Bildu) se convirtió en la segunda fuerza regional en las elecciones de octubre de 2012, logrando 25% de los votos y 21 diputados de los 75 del parlamento regional.

- 'Anacronismo' -

"Es un juicio sobre cosas que ocurrieron hace diez años y con personas que en su gran mayoría son militantes de un partido político legal, el segundo partido dentro de la coalición EH Bildu", denuncia a la AFP Pernando Barrena, portavoz de Sortu. "Es muy paradójico porque esa actividad política ya es legal", agrega.

"En mi caso son 110 hechos: 90 entrevistas y el resto son actos públicos", explica, considerando que este juicio parece ser el espejo de una situación política bloqueada sobre el terreno, donde el gobierno español rechaza emprender conversaciones de paz con ETA, exigiendo su disolución sin condiciones.

"Quiero que este juicio haga entender a la opinión pública internacional que el proceso de paz carece de espacios de discusión con España y Francia", declaró a la AFP pocos días antes de la primera audiencia Aurore Martin, una de las dos francesas acusadas.

Su detención en Francia en noviembre de 2012 y su entrega a España a petición de Madrid había suscitado una viva controversia en su país. Varios partidos, entre ellos el Partido Socialista en el poder, consideraron que no se justificaba.

"La sociedad vasca (...) está viviendo un nuevo tiempo para la paz", asegura por su parte Amaiur, coalición de partidos de la izquierda vasca, pidiendo la absolución de los acusados al término de un proceso que tilda de "anacronismo".

Pero Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, recuerda que en España ya hubo una amnistía, en 1975, y desde ETA "se siguió matando".

"La sociedad vasca no está en otra cosa. Se tiene que cumplir justicia, no se puede pasar página así, con casi mil asesinatos. Nosotros no queremos venganza pero sí justicia", dice a la AFP.

Las comparecencias de los acusados están previstas en enero, en el marco de 20 a 30 jornadas de audiencias hasta finales de junio.